Para tratarse de algo tan cargado de narrativa bélica –“batalla”, “trinchera de combate”, etc.- el congreso de los economistas y contadores cubanos (ANEC) parece haber transcurrido “sin novedad en el frente”. Faltan las informaciones de la sesión de clausura de hoy, pero no creo que vaya a aparecer algo muy novedoso a última hora. Quisiera estar equivocado.
En el corto plazo, las políticas para sustituir importaciones en el caso de entidades cubanas que hacen las ventas finales en divisas pueden articularse como transferencias de liquidez en divisa desde el cliente final hacia el productor. Sin embargo, parecería ser que el grueso del potencial de sustitución de importaciones se encuentra en otros sectores cuyas ventas finales se producen en moneda nacional, notablemente en el caso de los alimentos. En ese caso, las transferencias de liquidez no pueden ser diseñadas si no se cuenta primero con una medición adecuada del efecto de la sustitución de importaciones y ello exige disponer de una tasa de cambio económicamente justificada. El problema es que este asunto de la tasa de cambio es probablemente el tema de política económica más “estancado” de todo el proceso de reforma.
Se aproxima el VIII Congreso de la Asociación Nacional de Economistas a celebrarse del 13 al 15 de este mes de junio. No podemos esperar por las Calendas griegas para implementar las medidas previstas y aconsejables a riesgo de pretender aplicar el remedio cuando ya sea demasiado tarde. El compañero Díaz Canel en varias ocasiones ha planteado la disposición a escuchar lo que tengan que decir los que tengamos preparación y experiencia. Nos agradaría ver y escuchar que en el ya casi inmediato VIII Congreso de la ANEC se discutan y ventilen estas cuestiones prioritarias, se anuncien decisiones y un programa de acción en relación con su implementación. Sería decepcionante escuchar solo exhortaciones y consignas manidas.
Según el Decreto Ley, el Ministro de la Agricultura autoriza la constitución de cada cooperativa agropecuaria, mediante Resolución, teniendo en cuenta el criterio de la empresa estatal a la que se debe vincular la cooperativa y oído el parecer de la organización superior de dirección empresarial correspondiente; así como de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños o del sindicato correspondiente, según proceda. ¿Podrá tener autonomía una cooperativa que nazca así? Más bien parece una empresa estatal a la que llaman cooperativas. Hay una tendencia creciente de la burocracia agrícola y estatal a desconocer las condiciones reales de producción. El principal estímulo que se viene utilizando últimamente con los usufructuarios es amenazándolos con que le “quitan la tierra”. Debería prohibirse que alguien por algún medio amenace a los usufructuarios, que le van a quitar la tierra, sin tener en cuenta que están protegidos por una Ley y sin analizar las dificultades objetivas que enfrenta para ponerla a producir en beneficio de la población.
Mientras el inversionista cubano residente en el exterior (CRE) disponga de la alternativa de invertir mediante el “modelo” remesas- inversión, con un bajo costo de transacción en un negocio privado, ese sería el canal principal de inversión de los CRE para actividades de pequeña y mediana escala. El énfasis del debate actual no debería girar acerca de si un CRE debe ser considerado como un inversionista extranjero. El acento debe ser colocado en cómo facilitar cualquier modalidad de inversión que desearan hacer los CRE para contribuir al crecimiento en el corto plazo y a mejorar la seguridad alimentaria mediante la inversión en el agro nacional
Llama poderosamente la atención la contradicción que se observa entre la supuesta paridad “horizontal” que debería existir entre las partes de un contrato mercantil y la introducción de un componente “vertical” que en la práctica transforma el contrato en una relación asimétrica, con mayor poder concentrado en una de las partes del contrato. Eso es lo cabría entender de la “letra” del artículo 26 del Decreto-Ley 365. Donde debía prevalecer un contrato de mercado entre pares, ese articulo parece estar sustentando la construcción artificial de un primus inter pares, un primero entre iguales.
El Decreto-Ley 365 no debió haberse llamado “De las cooperativas agropecuarias” sino “De los productores agropecuarios privados y cooperativos”. ¿No es esta manera de ignorar al productor privado agropecuario un ejemplo de refugiarse “en ilógicos eufemismos para esconder la realidad”?
Durante varios quinquenios no se le ha prestado la imprescindible atención que requiere la actividad laboral, ha faltado el análisis global de la situación, presencia del voluntarismo y la superficialidad, no se ha contado con los trabajadores para la toma de decisiones, ausencia de la capacitación de especialistas y directivos, y el desprecio por la ciencia del trabajo han caracterizado este período
En un momento especialmente sensible, la población se ha quedado sin carne de puerco a bajos precios en el mercado. Desde mi punto de vista, a partir de elementos que he logrado reunir, se trata fundamentalmente de un error de planificación. Una afirmación personal para ser debatida: Uno de los buenos negocios que puede hacer el país, de cara al turismo e incluso a la exportación, sería convertirnos en un gran productor de carne de cerdo. Lograr una acción combinada de la pequeña y mediana industria privada encadenada por un lado al cooperativista y al campesino y por el otro a la gran industria procesadora estatal puede significar una importante contribución a la economía del país.
Cada vez resulta más llamativa la insistencia en desfigurar las cifras de la producción agropecuaria en Cuba. La primera víctima de la deformación de los datos es la calidad del análisis. El resultado parece estar a la vista: empequeñecer la contribución decisiva que hace el sector privado a la producción de alimentos nacionales abre paso a diseñar una política enfocada en las cooperativas. Sin embargo, lo que correspondería -según los datos “desideologizados” de la realidad -sería una política para el sector privado
