En primera persona

Nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia en Cuba: ¿informalización legal?

Al no hacer nada significativo para modificar el limbo legal en el que se mantiene a las micro y pequeñas empresas, las 20 nuevas normativas sobre el trabajo por cuenta propia (TCP) lo que hacen es contribuir a “legalizar” la informalidad a la que se ha condenado a la empresa privada nacional, precisamente aquella parte del “actual” TCP que tiene mayor potencial económico. La micro y pequeña empresa privada nacional ya ha sido reconocida políticamente como una necesidad. Legalizarla es una opción que hasta ahora no se ha tomado. ¿Cuánto más habrá que esperar para que necesidad y opción se pongan en sincronía?

Trabajo, salario y reforma de la Constitución cubana

La propuesta “trae hacia el frente” y “eleva” a rango de derecho constitucional una veintena de derechos relativos al trabajo y los salarios. La mayor parte de la población cubana en edad laboral está constituida por ciudadanos que realizan un trabajo asalariado. El reconocimiento del derecho al trabajo digno y del derecho a salarios dignos, como derechos fundamentales recogidos en la Constitución, pudieran contribuir a establecer un “cemento” constitucional para la unidad del pueblo cubano.

La reforma constitucional cubana y la empresa estatal: ¿redefiniendo derechos y obligaciones del Estado?

Para que el Estado pueda ejercer su función relativa a la propiedad, sus entidades y funcionarios necesitan disponer de los instrumentos y procedimientos que les permitan entender y actuar en relación con las tareas de análisis, evaluación y selección que son necesarias para poder promulgar decisiones que le corresponden al Estado, y solamente al Estado, como propietario “representante” de todo el pueblo. Sin ello, la distribución del ingreso nacional seguramente sería ineficiente e ineficaz. La posibilidad de materializar esa función depende de una institucionalidad especifica (estructuras y normas) que no puede estar basada en otra cosa que no sea en un marco legal adecuado, asentado en la Constitución.

La reforma constitucional cubana y los nuevos actores económicos: ¿del beneplácito al derecho?

Mientras que los derechos de los nuevos actores económicos no sean reconocidos, no habría razones para pensar que las regulaciones estatales emitidas para el funcionamiento de esos actores no se siguiesen concibiendo como actos de beneplácito. O sea, como algo que pudiese ser concedido a voluntad del “emisor” de la regulación, pero respecto a lo cual no existiría obligación legal alguna porque no sería un derecho reconocido y protegido del “receptor”.