Los datos sobre los nuevos precios minoristas adoptados en Cienfuegos a principios de mayo de 2021 no permiten avanzar en cuanto a la medición de la desigualdad, pero posibilitan hacer una cuantificación que contribuye a entender el proceso mediante el cual los recientes incrementos de precios funcionan como un factor que activa la desigualdad
Pocas horas antes de publicar este texto, se anunciaron una serie de medidas para reformar la gestión del sector agropecuario cubano. Es probable que tenga lugar un debate una vez que las medidas sean explicadas en detalle. El punto que sugiero retener es que un esquema que combina precios máximos de acopio y precios minoristas máximos funciona en la práctica como un tapón doble en la cadena de valor de la actividad agropecuaria. Este debería ser uno de los primeros problemas que habría que modificar en una reforma. En la secuencia del proceso, el tema de la formación de precios -y no solamente el nivel de estos- debería estar al inicio.
Si hubiese que señalar el componente más confuso del “ordenamiento”, muy probablemente sería el relativo a los precios. Desde el mismo principio de la implementación del “ordenamiento” se produjeron fricciones de precios y las modificaciones que rápidamente comenzaron a hacerse no eximen a los funcionarios de ofrecer una explicación razonada acerca de por qué tuvo que hacerse una revisión masiva de los precios que se había anunciado anteriormente como parte de un paquete económico que estuvo diseñándose durante una década.
Aunque tiende a hablarse más de la “lista negativa” de las nuevas medidas para el trabajo por cuenta propia, la atención mayor la debería recibir la lista positiva, particularmente en el caso de las actividades industriales. Es en la industria donde reside, al menos potencialmente, una posible modificación radical de la inserción de la actividad privada nacional en el modelo económico que intenta construirse en Cuba. Por primera vez, además del agro, el sector privado podría funcionar no solamente como fuente de empleo sino como factor de recuperación de segmentos de la economía nacional que se encuentran en un estado deplorable. La expansión de las actividades TCP no sería en sí misma una medida muy relevante porque su importancia dependería de que fuese un paso en la formación de PYMES privadas que permitirían a estas “ocuparse” de la regeneración de segmentos deprimidos de la industria.
El modelo de planificación centralizada con ciertos componentes de descentralización que existe hoy en Cuba esencialmente se remite a una planificación centralizada basada en el esquema Kosygin – Liberman de la URSS de mediados de los 60s del siglo pasado que no cuenta con una evidencia robusta de éxito en el largo plazo. La noción de que el “ordenamiento” pudiera salirse con la suya para aplicar con éxito una variante criolla del esquema Kosygin- Liberman es problemática en un modelo de planificación en el que algo como el precio del helado funciona como un tema de alta prioridad económica. Es una noción que chirria por todas partes.
Se concibe el precio como una especie de quimera de la planificación centralizada: una habilidosa invención burocrática que permite controlar el intercambio de bienes y productos, y la redistribución de valor que ello implica, teniendo como fundamento una idea a priori acerca de cómo debe funcionar la economía en su conjunto. Es esa desmedida concepción normativa (lo que debería ser la economía) lo que ha “metido en problemas” a los nuevos precios del “ordenamiento”, los cuales son juzgados por los consumidores a partir de la realidad de la economía a la que se enfrentan.
El actual paquete de medidas económicas tiene un serio problema de secuencia porque se pasó a aumentar la demanda -subiendo salarios y pensiones- sin haberse creado previamente las condiciones para incrementar la capacidad de respuesta de oferta de la economía. En momentos como el actual, en que los incrementos de precios ocupan la atención inmediata, cuando quienes toman las decisiones de política económica deberían conceder una alta prioridad al incremento -cuanto antes- de la productividad porque es la productividad, y no otra cosa, lo que esencialmente asegura el crecimiento económico no inflacionario.
La reforma del sector agropecuario cubano debe incluir un sector privado con la escala y con las garantías legales de funcionamiento que faciliten transformarla en una actividad tecnológicamente avanzada y capaz de sostener incrementos de productividad que permitan reducir costos y aumentar la oferta de alimentos de calidad y con precios adecuados.
Los datos de los mercados agropecuarios indican que los topes de precios no han sido un mecanismo administrativo eficaz para evitar crecimientos de precios. Resulta paradójico entonces que siga insistiéndose en los topes de precios para controlar de presiones inflacionarias, acompañados de la terminología moralista sobre precios especulativos, abusivos, injustos, etc. La defensa del supuesto “poder” de los topes parece tener más de fe doctrinal que de análisis económico. La estabilización solamente se alcanzaría resolviendo de raíz la causa del desbalance, que es el déficit de oferta de alimentos. Mientras esa crisis no se resuelva no habrá topes de precios capaces de contener de manera efectiva la inflación. No es un pronóstico. Es lo que sugiere el análisis de los datos disponibles.
De no alcanzar para cubrir la canasta básica en 2016, parecería asumirse que a partir del “Día Cero” sobraría en Cuba salario medio para hacer gastos no básicos y que eso no sería inflacionario. En medio de una profunda crisis, esa es una noción que rechina por todas partes.
