La redacción de los artículos 31 y 76 del proyecto de Constitución, referidos a trabajo y salarios, contradice lo planteado por Carlos Marx y V. I Lenin. Resulta errático y demuestra poco conocimiento sobre esta materia.
Parecen existir suficientes indicios acerca de que probablemente sea más importante y urgente discutir el impacto que sobre la desigualdad cubana pudiera estar teniendo el empobrecimiento absoluto y relativo de segmentos de los trabajadores estatales y de los pensionados, que ponerse a discutir acerca de si un deportista o un músico “concentran” o “acumulan” riqueza.
El reconocimiento del trabajo no remunerado por la Constitución supondría su inclusión en las leyes específicas que luego implementarán los principios y derechos constitucionales. También supondría que se le dedique al rol de esos trabajadores una mayor atención por parte de los encargados de diseñar políticas económicas y sociales, a quienes se les debería exigir incluir más perspectiva de género e interseccional en las políticas para promover un desarrollo inclusivo
Se le atribuye al escritor Oscar Wilde haber dicho que “un economista es alguien que conoce el precio de todo y el valor de nada”. Espero que, para beneficio del consumidor cubano, Oscar Wilde se haya equivocado.
Silvio Gutiérrez, Director de Agroindustria del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, comparte la crítica que hace al análisis que presenté en mi texto “Los “precios estimulantes” y los rendimientos del agro cubano: ¿un espejismo?”, publicado en este blog el pasado 18 de julio de 2018 en el cual comenté su texto “La agradable encrucijada de incrementos de los rendimientos agropecuarios sin techo y los precios de acopio máximos”, que había sido publicado el 17 de julio.
¿Existen elementos institucionales que, desde una perspectiva de economía política (intereses y poder), pudieran explicar la drástica y acelerada modificación del patrón sectorial de inversión en Cuba que ha conducido al predominio actual de la inversión en servicios empresariales e inmobiliarios?
La corrupción que ciertamente existe alrededor del “trabajo por cuenta propia” parece concebirse como un fenómeno “extraño” que no debería esperarse si se cumplieran las normas vigentes, tal y como estas existen. Lo que sugiero es abordar críticamente el sistema de regulaciones y de incentivos que hoy operan en ese sector y hacerse la pregunta inversa ¿No es “normal” que exista corrupción con el actual entorno regulatorio, tal y como este existe?
