La reforma de la Constitución cubana pudiera representar una oportunidad para mejorar el marco jurídico que debería acompañar el Programa Nacional de la Vivienda previsto en los “Lineamientos”, uno de […]
José Jasán Nieves Cárdenas comparte sus comentarios sobre las nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia en Cuba
Joaquín Benavides Rodríguez, quien tuvo responsabilidades como Ministro- Presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (1980-1986) y como Ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía (1986-1991), ofrece una sintética explicación de la reforma salarial implementada en Cuba en 1980.
Al no hacer nada significativo para modificar el limbo legal en el que se mantiene a las micro y pequeñas empresas, las 20 nuevas normativas sobre el trabajo por cuenta propia (TCP) lo que hacen es contribuir a “legalizar” la informalidad a la que se ha condenado a la empresa privada nacional, precisamente aquella parte del “actual” TCP que tiene mayor potencial económico. La micro y pequeña empresa privada nacional ya ha sido reconocida políticamente como una necesidad. Legalizarla es una opción que hasta ahora no se ha tomado. ¿Cuánto más habrá que esperar para que necesidad y opción se pongan en sincronía?
La propuesta “trae hacia el frente” y “eleva” a rango de derecho constitucional una veintena de derechos relativos al trabajo y los salarios. La mayor parte de la población cubana en edad laboral está constituida por ciudadanos que realizan un trabajo asalariado. El reconocimiento del derecho al trabajo digno y del derecho a salarios dignos, como derechos fundamentales recogidos en la Constitución, pudieran contribuir a establecer un “cemento” constitucional para la unidad del pueblo cubano.
Joaquín Benavides Rodríguez, quien tuvo responsabilidades como Ministro- Presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (1980-1986) y como Ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía (1986-1991), comparte un breve comentario a propósito del artículo de Lázaro González “Ni se investiga, ni se preparan especialistas en organización del trabajo y los salarios en Cuba”, publicado en este blog el pasado 1 de julio.
Para que el Estado pueda ejercer su función relativa a la propiedad, sus entidades y funcionarios necesitan disponer de los instrumentos y procedimientos que les permitan entender y actuar en relación con las tareas de análisis, evaluación y selección que son necesarias para poder promulgar decisiones que le corresponden al Estado, y solamente al Estado, como propietario “representante” de todo el pueblo. Sin ello, la distribución del ingreso nacional seguramente sería ineficiente e ineficaz. La posibilidad de materializar esa función depende de una institucionalidad especifica (estructuras y normas) que no puede estar basada en otra cosa que no sea en un marco legal adecuado, asentado en la Constitución.
