Todas las formas de propiedad deben ser consideradas como formas que operan en la economía socialista. El Estado Socialista debe promover y estimular el crecimiento y desarrollo de la economía socialista, en beneficio de todo el Pueblo. Todas las formas de propiedad, según las regulaciones a que estén sometidas contribuyen al fomento y desarrollo del socialismo en Cuba.
Lo omitido y lo expresado acerca de la forma de propiedad no estatal (excepción hecha de la inversión extranjera) no se corresponde y en casos contradice lo planteado en la Conceptualización
Es mi propósito contribuir a que la Comisión Nacional encuentre una redacción propia nuestra, que plasme las concepciones básicas que fueran planteadas por Fidel y por Raúl desde los inicios del proceso de institucionalización del país y no reiterar el error y desacierto en que incurrimos los que participamos en la redacción de la Constitución de 1976.
El potencial del sector privado para contribuir a crear una base impositiva debe ser considerado como una “fortaleza” en el marco de la reforma del modelo económico y social de Cuba. Existe la posibilidad de diseñar y de aplicar una política de “doble dividendo”, del tipo “ganar- ganar”, para reemplazar una política actual respecto al sector privado que –parafraseando a Jean- Baptiste Colbert, ministro de finanzas de Luis XIV- parecería estar hoy más concentrada en estrangular a la oca que en desplumarla.
La redacción de los artículos 31 y 76 del proyecto de Constitución, referidos a trabajo y salarios, contradice lo planteado por Carlos Marx y V. I Lenin. Resulta errático y demuestra poco conocimiento sobre esta materia.
Parecen existir suficientes indicios acerca de que probablemente sea más importante y urgente discutir el impacto que sobre la desigualdad cubana pudiera estar teniendo el empobrecimiento absoluto y relativo de segmentos de los trabajadores estatales y de los pensionados, que ponerse a discutir acerca de si un deportista o un músico “concentran” o “acumulan” riqueza.
El reconocimiento del trabajo no remunerado por la Constitución supondría su inclusión en las leyes específicas que luego implementarán los principios y derechos constitucionales. También supondría que se le dedique al rol de esos trabajadores una mayor atención por parte de los encargados de diseñar políticas económicas y sociales, a quienes se les debería exigir incluir más perspectiva de género e interseccional en las políticas para promover un desarrollo inclusivo
