En una economía con restricciones por el lado de la oferta, en la que los parámetros de utilización de los recursos se deciden en el lado de la oferta, y en condiciones de fijación administrativa de precios y de salarios, el consumo de los trabajadores tiende a funcionar como la variable de ajuste, a nivel macro, entre oferta agregada y demanda agregada.
Los efectos y cambios favorables se producirían por el momento y durante un periodo solo en las relaciones económicas entre los agentes económicos empresariales que compran y venden entre si equipos y bienes intermedios y/o manejan bienes de consumo, pero como intermediarios en su tránsito comercial hacia las entidades del mercado minorista. No intervienen en ello y no deben resultar afectados por el “traspaso” ni positiva ni negativamente por el momento los agentes económicos estatales de este último mercado que venden a la población. La “señal” de la devaluación llegaría a la producción y al consumo productivo, pero, en un inicio y durante un primer periodo, no al consumo personal.
No es recomendable asumir la incertidumbre de maxi- devaluaciones súbitas, de un golpe, a partir de que estas se aproximen al 100%. Parecería más razonable tratar de fragmentar una maxi-devaluación y dilatarla a lo largo de un determinado plazo. No es aconsejable navegar aguas turbulentas para las que no se disponen de “cartas náuticas”.
La decisión respecto a cuál “forma” (socialista o capitalista) gana o pierde ocurre en el plano de la realidad. Depende del contexto especifico. No puede ser predeterminada. Para que una empresa o sistema de empresas (capitalista o socialista) pueda “ganar” se necesitan esencialmente tres condiciones: cálculo económico realista, mecanismos de retroalimentación efectiva y capacidad de innovación. Como dice un amigo, todo lo demás es lírica.
Quienes traten de reinventar la historia de los debates económicos de las décadas de 1990 y 2000 en Cuba tienen un “pequeño gran problema”: el abundante volumen de textos publicados de quienes participamos en aquellos debates.
Todo juicio sobre un “exceso” de crítica económica presupone un rasero de corrección política. Funciona, primero, como un mecanismo de autocensura analítica: el “incentivo” para no atreverse a abordar ciertos temas o para que cuando estos se aborden, se pueda llegar solamente hasta un punto. Funciona también como un “correctivo” pues cuando el análisis se “pasa de la raya” se desata un mecanismo para imponerle costos al supuesto ejercicio de “hipercriticismo”.
¿Es posible considerar correcta una crítica puramente económica que no contempla las contradicciones que generaría su implementación con las eventuales restricciones ideológicas y culturales existentes en ese momento en la sociedad?
