La forma concreta en que funciona el llamado “mercado de oferta y demanda” (MOD) de alimentos agrícolas en Cuba es una fuente de frustración ciudadana. Cualquier proceso mercantil “normal” que multiplique por diez, o más, el precio de un alimento desde que sale del surco hasta que llega a la mesa es un problema económico, pero sobre todo es un inconveniente político.

Es algo percibido –con razón- como una injusticia, y ese tipo de percepciones no son compatibles ni con la propuesta de sociedad que intenta construirse en Cuba, ni con la estabilidad social y política del país a corto plazo. Difícilmente pueda encontrarse un tema políticamente más sensible que la seguridad alimentaria de una nación.

Existen numerosas evidencias de que la causa principal radica en la existencia de una cadena de distribución excesivamente “larga” en la que operan intermediarios con un “poder de mercado” que les permite apropiarse de una cuota de valor muy superior a la que reciben los productores y que les posibilita deformar una intermediación mercantil que es necesaria, pero que trastocan en un acto de pillaje al consumidor, especialmente nocivo para los de pocos ingresos, o sea, para la mayoría de la población cubana.

Los consumidores lo entienden y lo sufren, la prensa lo denuncia, los economistas lo analizan y los funcionarios tratan de enmendarlo, pero el problema está lejos de haber sido resuelto.

En mi opinión, el “mercado de oferta y demanda” (MOD) de alimentos agrícolas es -en su forma actual- uno de los peores enemigos de las propuestas para reformar el modelo económico y social de Cuba mediante la utilización consciente del mercado y del sector privado.

Concuerdo con la política oficial de Cuba, expuesta en los “lineamientos”, de “avanzar en el funcionamiento ordenado y eficiente de los mercados en función de incentivar la eficiencia, la competitividad y el fortalecimiento del papel de los precios”, pero un mercado deformado como el actual MOD tiende a contaminar con una sospecha de depredación cualquier propuesta que se haga respecto a una mayor utilización de mecanismos de mercado y del sector privado a la economía nacional, en los marcos de un modelo socialista renovado.

En ese sentido, el MOD que hoy funciona es un engendro que obstaculiza las transformaciones necesarias en Cuba. Es un “mal” mercado que se interpone en la implantación de mercados eficaces, que sean capaces de recompensar al productor y de contribuir a un mejor nivel de vida de los consumidores.

He comentado anteriormente que la posibilidad de producir alimentos en Cuba, a precios asequibles para la mayoría de la población, pasa por resolver un serio problema estructural: desarrollar el tipo de agricultura intensiva con el que hoy no cuenta el país, principalmente por falta de recursos para su financiamiento. Ver “Cuba: el “techo” del rendimiento agrícola en ocho gráficos”, El Estado como tal, 4 de septiembre de 2017, https://elestadocomotal.com/2017/09/04/cuba-el-techo-del-rendimiento-agricola-en-ocho-graficos/

Sin embargo, aun en medio de las condiciones limitadas de una agricultura rezagada como la actual, resulta difícil justificar los diferenciales de precios de alimentos agrícolas que existen entre el MOD y el mercado estatal. No es adecuado tratar de explicar tal disparidad principalmente como el resultado de una correlación “lógica” entre la oferta y la demanda. Es cierto que la oferta tiende a ser inferior a la demanda, pero lo que debe ser explicado es cómo determinadas categorías de “actores” han sido capaces de deformar artificialmente lo que en teoría debió haber funcionado como un proceso de oferta y demanda.

Sin pretensiones de precisión, solamente a modo ilustrativo, vale tomar nota de algo que es bien conocido. Aproximadamente el productor agrícola recibe 1,10 pesos por cada libra de tomate (precio de acopio), y cada libra puede costar 5,10 pesos en un mercado estatal, ¿qué extraña pirueta de la distribución pudiera explicar que el precio del “mercado de oferta y demanda” o de un vendedor ambulante (“carretilla”) se eleve a 20 o 25 pesos?

La pregunta clave sería: ¿por qué para poder conectar la oferta y la demanda de alimentos agrícolas se ha organizado una fórmula mercantil que incluye una serie de intermediarios redundantes que tienen poder suficiente para adicionarle márgenes irrazonables que distorsionan lo que pudiera haber sido –en ausencia de esos intermediarios- una relación económicamente fundada entre oferta y demanda?

La respuesta es importante porque ese tipo de mercado no brotó por generación espontánea. Es un mercado que surgió como resultado de una decisión de política pública. En fecha reciente, el gobierno cubano ha tomado medidas para tratar de enderezar el entuerto, pero hasta donde lo permite la información publicada, el “mercado de oferta y demanda” (MOD) de alimentos agrícolas en Cuba se mantiene esencialmente funcionando como un mecanismo deformador de precios y generador de descontento popular.

Para quienes pudieran estar interesados en el tema, recomiendo la lectura de un excelente artículo de los colegas Anicia García Álvarez y Ricardo González Águila, recientemente publicado en la revista Economía y Desarrollo, de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Ver, “Mercados agropecuarios en Cuba: evolución, análisis y mejora”, Economía y Desarrollo, vol.156 no.1, La Habana ene.-jun. 2016, http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-85842016000100014

El artículo es, a mi juicio, la explicación más lúcida que ha ofrecido la academia cubana en los últimos años respecto a los mercados agropecuarios del país. Se trata de un tema sistemáticamente analizado por especialistas que laboran en Cuba, incluyendo estos dos autores y otros como Armando Nova, Fernando Funes Monzote, Betsy Anaya, Claudio Arias Salazar, Nereyda Mendoza Tamayo, Sinaí Boffill, Rafael Miguel Reyes, Miguel Suárez Castellá, Gilberto Hernández Pérez, Carlos Roche Hernández, Marisol Freire Seijo, Osmel Alonso Amaro, y Maybe Campos Gómez.

No obstante, el artículo de Anicia García Álvarez y de Ricardo González Águila introduce por primera vez, de manera sustantiva, la aplicación de una perspectiva de estructuras de mercado y de “poder de mercado” en el análisis del mercado agropecuario cubano actual. Al hacerlo, coloca el análisis de mercados y de precios de alimentos agrícolas en el plano de la Economía Política, incorporando ángulos de economía, sociología y ciencias políticas, que permiten mejorar –hasta un punto que al menos yo no había observado hasta ahora- el análisis concreto respecto a cómo la reforma (“actualización”) del modelo económico y social cubano ha generado y modificado los mercados de alimentos de base nacional en los últimos años.

Debería leer el artículo de Anicia García y de Ricardo González quien quiera entender mejor por qué el enfoque inicial del primer gran mercado mayorista de Cuba (El Trigal) fracasó estrepitosamente, por qué los precios topados en los mercados estatales son racionales, y por qué se justifican las recientes restricciones adoptadas en relación con el mercadeo ambulante (“carretilleros”).

Más importante aún, el articulo hay que leerlo para poder comprender que construir mercados –especialmente los de alimentos- exige la incorporación de un tipo muy específico de conocimiento al diseño de políticas. Ni los mercados, ni la capacidad del Estado para regularlos, puede fundarse en opiniones ni en idealizaciones voluntaristas de los mercados.

Algunos planteamientos del artículo que considero relevantes para pensar en la necesidad de transitar hacia una reforma esencial de los mercados de alimentos producidos en Cuba son los siguientes:

• “El proceso de “actualización” del agro cubano, si bien no intencionadamente, pero sí por la secuencia en que se han implementado las medidas, ha recortado de manera significativa el papel del Estado en el sistema agropecuario: se ha ampliado la posibilidad de participación del sector no estatal tanto en la producción como en el comercio y los servicios de apoyo, sin regulaciones que le sirvan de contrapeso, como puede ser una ley de competencia, y, con ello, se generan condiciones para la colusión y el abuso de poder en toda la cadena, hasta llegar al consumidor.”
• “En muchos casos se atribuyen las consecuencias al “libre mercado”, cuando en realidad se trata de un insuficiente conocimiento de las distorsiones que pueden ocurrir si no se genera una adecuada institucionalidad para que el mercado funcione con un diseño menos imperfecto”.
• “Se han desmantelado ciertos mecanismos de control de la oferta por parte del Estado, como, por ejemplo, la disminución de los contratos de la entidad mayorista estatal a los productores, en pos de que estos puedan acudir con mayores volúmenes de productos a los mercados y que ello tenga un efecto deflacionario en los precios; sin embargo, los precios se resisten a la baja y las ventas en los mercados no crecen en la misma proporción que la disminución de los referidos contratos”.
• “Existe un amplio campo de acción para el diseño de instituciones mejor alineadas con el objetivo de lograr una mayor disponibilidad y un mejor acceso a los alimentos”.
• “Necesidad de transitar a una forma diferente de regulación del sector agroindustrial cubano, en particular de los mercados de alimentos, insumos, equipos y servicios con este destino. No resulta políticamente aceptable enfrentar a los consumidores, mayoritariamente asalariados, a un mercado imperfecto y, por tanto, depredador de sus ingresos, sin contrapesos adecuados, … que permitan el manejo más equitativo de los espacios de mercado en funcionamiento”.

Resumiendo, en un país como Cuba donde el salario medio es insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica, la reducción del precio de los alimentos producidos nacionalmente no depende únicamente de la solución –a largo plazo- del problema estructural que representa no disponer hoy de una agricultura intensiva.

Existen soluciones a corto plazo que pudieran pasar por la restructuración radical de los mercados agropecuarios, especialmente del llamado “mercado de oferta y demanda” (MOD).

La reorganización de las cadenas de producción- distribución que hoy operan en ese mercado permitiría sacar del sistema una serie de intermediarios redundantes que actualmente distorsionan la distribución del valor y que inflan artificialmente los precios de consumo para asegurarse márgenes excesivos.

Las acciones estatales que se necesitan son complicadas, pero no impracticables. En cualquier caso, contribuiría mucho poder entender adecuadamente cómo funcionarían las estructuras de mercado y las correlaciones de “poder de mercado” de los diferentes “actores”.

Los elevados precios de los alimentos en el “mercado de oferta y demanda” (MOD) no son una fatalidad que simplemente se origina en un desbalance de oferta y de demanda. El mercado no es un sistema de relaciones donde el poder de sus actores es “neutral” a sus resultados. Si el mal diseño de un mercado le facilita cuotas indebidas de poder a algunos “actores”, ese poder será utilizado, usualmente afectando a otros “actores”, incluyendo a los consumidores.

Para poder implementar con efectividad las deseables transformaciones del modelo económico y social de Cuba, que incluyen un papel más activo del mercado para contribuir a mejorar la prosperidad de la mayoría, se necesita corregir todo el “peso muerto” y el perjuicio político que se deriva de los “malos” mercados que han sido creados.